La causa había sido cerrada por inexistencia de delito luego de la presentación de la denuncia de Nisman en enero de 2015, pero en 2016 Casación la reabrió.
Por Karina Poritzker
El Tribunal que debe resolver si declara la nulidad de la causa por el Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA y sobresee a todos los procesados, terminará de escuchar el miércoles próximo a las defensas, en una audiencia oral y pública que ingresará en su tercera jornada.
Los jueces del Tribunal Oral Federal 8 prevén escuchar, entre otros, a los defensores de los procesados excanciller Eduardo Zuaín, Fernando Esteche y Luis D’Elia, y luego será el turno de las contrapartes, es decir, el fiscal Marcelo Colombo y las querellas, informaron fuentes judiciales.
Colombo apoyó el pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien reclamó la realización de la audiencia pública para tratar los planteos de nulidad de la causa reabierta en 2016 por los camaristas de Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.
Ambos jueces del máximo tribunal penal federal del país están cuestionados por sus visitas al entonces presidente Mauricio Macri en fechas que se presume habrían sido contemporáneas a esta decisión judicial.
Pero ahora en la etapa de audiencia, el fiscal deberá pronunciarse en relación a si apoya los planteos de nulidad del caso, sobreseimientos y no realización del juicio oral o se opone y reclama continuar con los preparativos para llegar a la instancia de debate.
Por su parte, la DAIA como los familiares de víctimas del atentado que actúan en la causa como querellantes no se presentaron a las dos audiencias ya realizadas, una el 16 de julio y la otra el miércoles último y podrían plantear la nulidad de la convocatoria, algo que debería resolver la Cámara Federal de Casación, según explicaron fuentes del caso.
En cuanto a la audiencia del miércoles 11 expondrán los abogados Carlos Arslanián y Martín Arias Duval y también hablará su cliente Zuaín ante los jueces Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini.
También lo harán los defensores Fernando Burlando por los procesados Fernando Esteche y Jorge Khalil y Adrián Albor por Luis D’Elia, entre otros.
Esteche, Khalil y D’Elía estuvieron detenidos con prisión preventiva en esta causa, al igual que el actual procurador del Tesoro de la Nación Carlos Zannini, por orden del fallecido juez federal Claudio Bonadio.
Todos los acusados tendrán opción de dirigirse también al Tribunal, como ya lo hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en la primera audiencia dijo que la causa abierta por denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman fue un “disparate judicial, institucional y político”
Ante los jueces hablaron el miércoles último Zannini, el senador Oscar Parrilli y la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona, además de sus abogados Mariano Fragueiro Frías, Aníbal Ibarra y Alejandro Rúa y Eduardo Barcesat, estos dos últimos codefensores de la exfuncionaria.
Zannini sostuvo que la causa en la que estuvo preso junto a otros procesados por orden del fallecido juez federal Claudio Bonadio fue un “armado” del gobierno de Cambiemos y que se buscó “proscribir” a la actual Vicepresidenta.
“Sean valientes, no cedan a las presiones y apliquen la ley sin temor al ruido mediático”, reclamó.
La causa había sido cerrada por inexistencia de delito luego de la presentación de la denuncia de Nisman en enero de 2015, pero en 2016 Casación la reabrió con los votos de Borinsky y Hornos y quedó como juez Bonadio.
El pedido de nulidad, nuevas medidas de prueba y de convocar a esta audiencia fue de la defensa de la Vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi y la del ministro de Desarrollo Social bonaerense Andrés Larroque, que ejerce Lucila Larrandart.
Borinsky y Hornos aparecen en los registros de visitas a Macri y para las defensas debieron haberse excusado en ese entonces de intervenir en la causa por la firma del memorándum con Irán.
En la causa se acusó a todos los procesados de supuesto “encubrimiento agravado” en base al argumento que el Memorándum buscaba hacer caer las circulares rojas de Interpol que ordenan la captura internacional de ciudadanos iraníes acusados del ataque terrorista del 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos en la sede de la mutual judía en el barrio porteño de Once.